La Procuraduría General de la Nación solicita a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad de la ley 2381 de 2024, conocida como la reforma pensional, debido a que en su proceso legislativo no se presentaron vicios sustanciales que afecten su constitucionalidad. Argumenta que, aunque existieron dificultades en el trámite, estos no vulneraron principios constitucionales ni afectaron la voluntad democrática. Además, destaca que la reforma responde a una necesidad social, ya que mejora la sostenibilidad financiera del sistema pensional y genera confianza y derechos adquiridos, como los traslados de ahorros a Colpensiones. La Procuraduría también señala que la ley ha generado efectos concretos y beneficios para los afiliados, y que las irregularidades denunciadas no comprometen la validez del marco institucional y constitucional, por lo cual debe mantenerse su plena vigencia.