En el caso de los beneficiarios de los subsidios, la falta de cumplimiento podría vulnerar sus derechos, especialmente para aquellas personas de menores ingresos que dependen de estos apoyos para acceder a servicios esenciales como agua, alcantarillado y aseo. Este incumplimiento también puede llevar a reclamos y denuncias por parte de los usuarios, quienes podrían exigir el cumplimiento de sus derechos a través de mecanismos legales establecidos. Por lo tanto, es crucial que las entidades territoriales se alineen con las normativas y realicen las apropiaciones presupuestales necesarias para evitar estas repercusiones y garantizar el acceso equitativo a los servicios públicos.

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