El Consejo de Estado avocó conocimiento del control automático de legalidad de las medidas regulatorias transitorias para el pago del servicio de agua y alcantarillado que fue expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
Para la alta corte, este acto administrativo se deriva del decreto por medio del cual el Gobierno adoptó la emergencia social, económica y ecológica para enfrentar el coronavirus, y de ahí su competencia para enjuiciarlo a través del descrito medio de control.
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