De acuerdo con el presente concepto, una entidad sin ánimo de lucro de carácter privado, no solo podría aplicar el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sino que estaría obligada a hacerlo si el objeto deriva de algún convenio o contrato suscrito con una entidad estatal sometida a dicho régimen y además está cobijado por los documentos tipo.