Colombia propone un "Decreto de 2026" para imponer un arancel recíproco del 30% a productos importados desde Ecuador y restricciones a ciertas mercancías. La medida responde a la "tasa de seguridad" del 30% que Ecuador aplicó a importaciones colombianas el 21 de enero de 2026, considerada un incumplimiento de acuerdos internacionales y una amenaza a la seguridad nacional de Colombia. El proyecto busca proteger la industria exportadora colombiana, salvaguardar la seguridad alimentaria frente al contrabando de arroz, y controlar sustancias para la producción de fentanilo. Se fundamenta en facultades constitucionales, el Acuerdo de Cartagena (CAN) y el GATT de la OMC. La acción es urgente y temporal, afectando 23 partidas arancelarias y estableciendo controles en los pasos fronterizos de Ipiales y Puerto Asís.