El Ministerio de Ambiente concluye que es viable invertir recursos públicos en la restauración ecológica de predios privados, siempre que se cumplan ciertas condiciones legales y reglamentarias. En primer lugar, se establece que la inversión debe estar enmarcada en proyectos de "Pago por Servicios Ambientales" (PSA), donde se garantice una contraprestación directa e inmediata al Estado, como la restauración de coberturas naturales y biodiversidad. Además, se enfatiza que las acciones de restauración deben atender el interés superior del Estado en la protección del medio ambiente y no deben constituir un incentivo económico a favor de particulares.