La Corte Constitucional examinó la vulneración del derecho fundamental a la consulta previa de cinco consejos comunitarios de Turbo, Antioquia, por la construcción de Puerto Antioquia. Las comunidades alegaron afectaciones a sus territorios, prácticas de pesca, formas de vida y entorno ambiental, pese a que las certificaciones iniciales del Ministerio del Interior descartaron su presencia en el área de influencia. La Corte concluyó que Puerto Bahía Colombia de Urabá S. A. incumplió su deber de debida diligencia al no activar la consulta tras conocer la posible afectación directa. Por ello, mantuvo la protección y ordenó continuar el proceso, implementar los acuerdos y buscar medidas de reparación de los impactos culturales, sociales, económicos y ambientales. También dispuso acompañamiento de la Defensoría y la Procuraduría, e instruyó a la ANLA incorporar los acuerdos en la modificación de la licencia ambiental. Además, exhortó a la Autoridad Nacional de Consulta Previa a realizar visitas de campo cuando sea posible para verificar la presencia de comunidades étnicas.