El Gobierno estableció directrices para la coordinación institucional, la interoperabilidad y el desarrollo de los procedimientos de consulta previa en Colombia. La Directiva reafirma la consulta como derecho fundamental de los pueblos étnicos, delegando a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) la competencia exclusiva para su dirección y coordinación. Se instruye a las entidades de la Rama Ejecutiva a actuar de manera coordinada con la DANCP, aplicando transversalmente la Política de Gobierno Digital. Esto implica la interoperabilidad entre sistemas para el intercambio seguro de datos y la trazabilidad, permitiendo a la DANCP acceder directamente a información pública sin requerir a los interesados, aunque se enfatiza que esta herramienta no se usará para incorporar comunidades de oficio. Además, la directiva detalla las etapas del procedimiento, desde la determinación de procedencia hasta el seguimiento de acuerdos, promoviendo el diálogo intercultural, la buena fe y el respeto por la diversidad, y unificando las instrucciones presidenciales anteriores para garantizar eficiencia y seguridad jurídica.