usuarios que pueden desarrollar su actividad económica en esos espacios; el alcance de la potestad reglamentaria ejercida por el presidente de la República a través de los Decretos 2685 de 1999 y 383 de 2007; el cumplimiento de los fines y deberes establecidos en los artículos 1°, 2° y 3° de la Ley 1004 de 2005 y la presunta o no transgresión de los derechos a la igualdad, la libertad económica de los usuarios comerciales de las zonas francas.