La propuesta contempla mantener vigente el valor de la oferta económica cuando la negociación supere el plazo del avalúo inicial, mediante su actualización anual con base en el índice de inflación esperada, con el propósito de garantizar mayor celeridad, transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos. Asimismo, busca armonizar la función ecológica de la propiedad con el interés público de conservación de la biodiversidad, estableciendo que deberá realizarse un nuevo avalúo cuando se presenten modificaciones sustanciales en las condiciones ecosistémicas de los predios.

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