El Gobierno expidió un Decreto para enfrentar la emergencia económica, social y ecológica declarada en febrero de 2026, que azota departamentos como Córdoba, Antioquia, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena, La Guajira y Chocó. Las inundaciones persistentes, resultado de eventos hidrometeorológicos sin precedentes, han anegado más de cien mil hectáreas de cultivos, destruido viviendas y afectado gravemente los medios de vida de miles de pequeños productores rurales. El decreto busca la reubicación temporal o definitiva de unidades productivas agropecuarias y activos rurales, promoviendo un reordenamiento social y productivo climáticamente inteligente. Se declaran de utilidad pública la adquisición de predios para reasentar a los damnificados y desarrollar infraestructura hídrica, además de agilizar procesos de clarificación y recuperación de tierras para garantizar la seguridad alimentaria y la resiliencia de las comunidades.