Este proyecto de decreto reglamenta la Ley 2045 de 2020, estableciendo criterios para priorizar inversiones en servicios públicos domiciliarios. Su objetivo es asegurar que los Programas en Beneficio de las Comunidades (PBC) de contratos de hidrocarburos y los Planes de Gestión Social (PGS) de gran minería (celebrados desde 2021) dirijan sus recursos a proyectos con viabilidad técnica, económica, ambiental, social y de sostenibilidad. Se busca mejorar la calidad de vida en zonas de influencia, incluyendo energías renovables para una transición justa. Permite la cofinanciación con entidades territoriales o empresas de servicios públicos, bajo la dirección de la ANH y ANM.