La Corte declaró inexequibles ciertas disposiciones del Estatuto Notarial que discriminaban a personas con discapacidades físicas o mentales, específicamente las que obligaban a los notarios en estas condiciones a retirarse de su cargo. La Corte argumentó que estas normas violaban el principio de igualdad y la prohibición de discriminación consagrada en el artículo 13 de la Constitución. Se destacó la necesidad de adoptar ajustes razonables que permitan a las personas con discapacidad ejercer sus funciones notariales en igualdad de condiciones, siempre que su situación no impida el desempeño de las labores esenciales del cargo. Además, se exhortó al Consejo Superior de la Carrera Notarial y a la Superintendencia de Notariado y Registro a eliminar las barreras que enfrentan estas personas, promoviendo un entorno laboral inclusivo y accesible. Esta decisión representa un avance significativo hacia la inclusión y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito notarial.