El caso se suscitó por las quemaduras que causaron la muerte a un recluso del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Bucaramanga y que fueron producidas por la incineración de unos colchones de la celda, por causa de las pipetas de gas lacrimógeno lanzadas con el “truflay” por uno de los auxiliares, bajo las órdenes de un dragoneante que se
encontraba presente en el momento. La Sala declaró que el INPEC, es patrimonialmente responsable de la muerte del recluso y ordenó a la Entidad a diseñar y divulgar, en los centros de reclusión del país, un documento de capacitación sobre protocolos de uso de armas no letales al interior de centros penitenciarios.
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