El Gobierno publicó un proyecto de decreto para fortalecer la normativa del sector agropecuario, con el fin de establecer mecanismos efectivos para la identificación y protección de los territorios indígenas. Esta iniciativa, fundamentada en la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, reconoce la importancia vital de la relación de los pueblos indígenas con sus tierras, territorios y recursos, así como su diversidad cultural y sistemas propios. El decreto busca asegurar la espacialización y unificación de toda la información territorial indígena en el Sistema de Información Geográfica Indígena (SIG-indígena) de la Comisión Nacional de Territorios y Territorialidades Indígenas (CNTI). Esto incluye desde resguardos constituidos y territorios ancestrales, hasta espacios sagrados, tierras adquiridas y zonas en proceso judicial, proporcionando una función cautelar, preventiva e indicativa.