En relación con los proponentes plurales (consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura), la entidad señaló que estos tienen capacidad para contratar con el Estado, aunque no constituyan personas jurídicas, y deben designar un representante común para todos los efectos del proceso contractual. No obstante, el Decreto 1082 de 2015 establece que las garantías de los oferentes plurales deben ser otorgadas por todos sus integrantes, en atención a su responsabilidad conjunta frente a la propuesta y el contrato. La entidad precisó que corresponde a la entidad estatal verificar que las garantías cumplan los requisitos legales de vigencia, cobertura y suficiencia antes de aprobarlas como requisito para la ejecución contractual.

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