Los edificios, conjuntos residenciales y urbanizaciones cerradas son responsables directos del mantenimiento, reparación y mejoras de las redes internas de acueducto y alcantarillado en sus zonas comunes, siendo los copropietarios quienes asumen los costos. Aunque las empresas prestadoras deben colaborar en la detección de fugas, la obligación de mantener las instalaciones en óptimo estado, implementar monitoreo, realizar inspecciones periódicas y reparar oportunamente cualquier fuga, visible o no, recae sobre la propiedad horizontal como usuario final. La normativa subraya que el cuidado de las redes internas es deber del suscriptor o usuario.