Para las obras de infraestructura y redes necesarias para la prestación de servicios públicos domiciliarios, el régimen legal aplicable se determina según la naturaleza del contrato y la entidad responsable de la obra. En general, los contratos de las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado, conforme a la Ley 142 de 1994. Sin embargo, según el parágrafo del artículo 31 de dicha ley, los contratos que celebran las entidades territoriales con empresas de servicios públicos para asumir la prestación de servicios deben regirse por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.