El Gobierno estableció regulaciones que afectan los servicios públicos domiciliarios, con un enfoque particular en el servicio de aseo. Estas buscan mejorar la gestión y el aprovechamiento de los residuos sólidos, promoviendo la participación de organizaciones de recicladores de oficio y garantizando el acceso a los servicios sin exigir contraprestaciones. Además, se establece la obligación de las entidades públicas de presentar sus residuos a estas organizaciones, así como la necesidad de registro ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Las nuevas normativas también incluyen requisitos para las estaciones de clasificación y aprovechamiento de residuos, asegurando que se cumplan estándares mínimos para su operación. En general, estas medidas buscan fortalecer la estructura del servicio de aseo, promoviendo la dignidad humana y el derecho al trabajo, al tiempo que se fomenta una gestión más eficiente y sostenible de los residuos en el país.