El Consejo de Estado niega la nulidad de las resoluciones que rechazaron la solicitud de formalización de minería tradicional, por varias razones. En primer lugar, se establece que no existía un derecho adquirido en cabeza de la demandante, ya que su solicitud, radicada el 9 de mayo de 2013, no había sido formalmente consolidada antes de la entrada en vigor de nuevas normativas que regulaban el trámite. Además, se argumenta que la Agencia Nacional de Minería actuó conforme a las disposiciones de la Ley 1955 de 2019, que establece que las solicitudes de formalización deben continuar bajo el "sistema de cuadrícula minera". También se menciona que la Ley 1382 de 2010, que la demandante invoca, había sido declarada inexequible, lo que impide su aplicación retroactiva. Por lo tanto, el Consejo concluye que no se vulneraron derechos de la demandante y que las resoluciones se ajustaron a la legalidad vigente en el momento de su emisión.