La CAR impuso condiciones para que municipios y el Distrito Capital adopten umbrales máximos de suburbanización más restrictivos y define densidades máximas en el suelo rural suburbano de su jurisdicción. Este reglamento busca proteger el medio ambiente y los recursos naturales, alineándose con la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997, e impulsa un desarrollo rural sostenible con control sobre la expansión urbana. Además, modifica varios numerales del Acuerdo No.16 de 1998, estableciendo normas para vivienda campestre, actividades industriales y parcelaciones rurales, con énfasis en la conservación y restauración ecológica. La CAR aplicará una metodología técnica para orientar a las autoridades territoriales en la formulación y revisión de sus planes de ordenamiento territorial, asegurando la protección ambiental y el suministro adecuado de servicios básicos. El acuerdo entró en vigencia desde su publicación y busca garantizar el bienestar ecológico y social ante los retos del cambio climático y crecimiento urbano.