La norma añade un requisito que obliga a los contratistas a presentar estados financieros actualizados para garantizar su capacidad jurídica, financiera y técnica para cumplir con sus obligaciones, exceptuando a empresas que figuren en rankings internacionales o hayan sido cesionarias recientes. Este ajuste busca transparencia, seguridad jurídica y sostenibilidad en la administración contractual, alineándose con los principios constitucionales y los objetivos nacionales de desarrollo sostenible, mitigación del cambio climático y transición energética.