Las entidades de derecho privado que manejan, reciben o administran recursos públicos en Colombia están obligadas a suministrar información sobre dichos recursos a las veedurías ciudadanas, dado que estas últimas actúan como mecanismos democráticos de control y vigilancia sobre la gestión pública y la correcta aplicación de recursos. Esta obligación está sustentada en la Constitución Política (artículo 23, derecho de petición) y en la Ley 850 de 2003 (artículo 17), que establecen el derecho de las veedurías a conocer políticas, programas, contratos, recursos presupuestales y demás documentos relacionados para garantizar transparencia y rendición de cuentas. Además, cuentan con mecanismos legales como el derecho de petición, acceso a la información pública, acción de tutela y acciones populares para obtener la información cuando no se suministra voluntariamente. Por tanto, pese a su carácter privado, estas entidades deben facilitar la información para garantizar el control social sobre los recursos públicos y una gestión pública transparente y eficiente.