Aunque puede considerarse el cobro si implica costos operativos y de ingeniería asumidos por los constructores, la normativa vigente no define un porcentaje o valor específico. Por lo tanto, cualquier cobro debe realizarse conforme a un análisis particular que respete los límites legales y las condiciones que establece la regulación correspondiente, sin que exista un monto fijo establecido a nivel general. Sin embargo, en casos donde estas actividades impliquen costos operativos y de ingeniería que deben asumir los constructores o urbanizadores, la viabilidad del cobro puede ser considerada, siempre que exista respaldo en la normatividad y no se vulnere la gratuidad del servicio.