En caso de recusación sobre los miembros de la Junta Directiva de una Empresa prestadora de servicios públicos, la autoridad encargada de resolver las recusaciones dependerá de lo que establezcan los estatutos de la empresa. La Superintendencia de Servicios Públicos no tiene la facultad de indicar el procedimiento a seguir, debido a que esto es una atribución que debe definirse internamente en los estatutos. Si la Asamblea General es la encargada de resolver, y todos sus miembros están recusados, se deberá seguir el procedimiento estipulado en los estatutos para determinar quién asumirá la resolución de esas recusaciones. La normativa aplicable indica que en situaciones de conflicto de intereses, la empresa debe ceñirse a lo que dispongan sus propios estatutos y al Código de Comercio para manejar dichos conflictos y designar nuevos integrantes en caso necesario. Esto resalta la importancia de la regulación interna en las empresas de servicios públicos.