Las empresas de acueducto y alcantarillado tienen la facultad de exigir el pago por la revisión y aprobación de los diseños de redes internas en nuevos proyectos de vivienda. Esta exigencia se fundamenta en la necesidad de garantizar que las instalaciones cumplan con las normas técnicas y de calidad, lo que es esencial para asegurar un servicio adecuado y seguro para los usuarios.