El concepto aborda la regulación del servicio público de aseo en relación con la facturación de inmuebles desocupados, según la normativa colombiana. Se destaca que, conforme al artículo 37 de la resolución CRA, los inmuebles desocupados deben acreditar su estado para aplicar una tarifa reducida, que considera cero toneladas de residuos para recolección. Para ello, se deben presentar documentos que demuestren la desocupación, como facturas de servicios públicos o actas de inspección.