El Gobierno subrogó un capítulo del Decreto 1072 de 2015 para unificar y reglamentar exhaustivamente las prácticas laborales y los contratos de aprendizaje. La medida enfatiza la protección del trabajo como derecho social, garantizando condiciones dignas, libertad sindical y negociación colectiva para todos, incluidos aprendices y practicantes. El decreto distingue claramente la naturaleza formativa de las prácticas, evitando su confusión con relaciones laborales, y define el contrato de aprendizaje como un vínculo especial con fin formativo. Además, establece mecanismos contractuales, incluye requisitos para estudiantes extranjeros y obliga a implementar protocolos contra el acoso sexual, consolidando una regulación más clara y justa para el ámbito formativo laboral.