El concepto de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios establece que los usuarios no están obligados a cambiar un medidor que funciona correctamente y no presenta inconvenientes, ya que no existe normativa que obligue a reemplazar equipos en buen estado. La obligación de cambiar medidores solo procede cuando hay mal funcionamiento que impide determinar el consumo de manera adecuada o cuando existe un avance tecnológico que garantice mediciones más precisas. Además, esa decisión debe basarse en un proceso justificado, no en requerimientos arbitrarios, y los usuarios tienen derecho a mantener sus instrumentos si cumplen con las condiciones técnicas establecidas.