La CRA señaló que el costo de las alternativas a la disposición final es parte de los gastos operativos que deben registrarse correctamente para su consideración en la metodología tarifaria. Sin embargo, esta información está protegida por reserva debido a su carácter financiero y comercial, ya que su divulgación podría afectar la competitividad de las empresas. Por ello, aunque se reconoce su importancia en el estudio, no se publica información adicional específica para proteger la confidencialidad y la libre competencia entre los prestadores del servicio.