Según la normatividad vigente, las empresas pueden suspender el servicio en caso de mora, pero esta facultad se ve limitada por el respeto a derechos fundamentales de grupos vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades graves. La Corte Constitucional establece que la suspensión no debe proceder si la morosidad es involuntaria, y la interrupción del servicio puede provocar una violación de derechos fundamentales. En tales casos, las empresas deben examinar las circunstancias particulares del usuario antes de tomar decisiones de suspensión. Además, si el usuario informa que reside un sujeto especialmente protegido en el inmueble, la empresa tiene la carga de probar que la suspensión es justificada.