El régimen de subsidios y contribuciones en los servicios públicos domiciliarios, establecido en la Constitución y la Ley 142 de 1994, busca garantizar el acceso a servicios básicos para usuarios de menores ingresos, promoviendo la solidaridad y redistribución de ingresos. Los municipios están obligados a otorgar subsidios a estos usuarios, cuyo financiamiento proviene de dos fuentes: la contribución de solidaridad cobrada a usuarios de estratos 5 y 6, y los recursos presupuestales asignados por entidades del orden nacional, departamental y municipal. La contribución de solidaridad, considerada un impuesto con destino específico, se aplica a usuarios de condiciones socioeconómicas similares mediante un recargo en sus facturas de servicios. Este monto se destina a inversión social y debe garantizar un equilibrio entre subsidios y contribuciones. Según el artículo 89 de la Ley 142 de 1994, las entidades prestadoras deben distinguir en las facturas los cargos correspondientes a subsidios.