El respaldo de los gastos implica que las empresas deben demostrar, a través de su capacidad técnica y económica, que pueden gestionar la infraestructura y recursos necesarios para la prestación de servicios. Aunque la Superintendencia no puede determinar cómo se respaldan específicamente esos gastos, se establece que la emisión de la certificación de viabilidad y disponibilidad es un trámite que deben llevar a cabo las empresas en condiciones definidas, sin que se aplique un cobro por esta gestión en el caso de entidades de naturaleza pública, dado que es parte de sus funciones legales. Esto resalta la responsabilidad de las empresas para asegurar el acceso y la eficiencia de los servicios públicos en el marco regulatorio establecido.

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