Los municipios son responsables de garantizar estos servicios como garantes, especialmente donde no hay prestadores interesados. En estos casos, pueden asumir la prestación directa, ya sea a través de su administración central o entidades descentralizadas. Los prestadores de servicios deben garantizar la viabilidad y disponibilidad del servicio en su área, salvo que demuestren falta de capacidad ante la Superintendencia de Servicios Públicos. La normativa también puede permitir que un prestador de acueducto asuma la operación del alcantarillado pluvial, debido a la falta de separación entre redes. Los municipios deben intervenir si los servicios no son adecuados y pueden colaborar en la infraestructura necesaria para garantizar su calidad y continuidad.