Este proyecto regulatorio obedece a una orden impartida por la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-543 de diciembre de 2023, a través de las cual indicó que deberían realizarse los ajustes reglamentarios para resolver la congestión en el trámite de solicitudes de refugio, superando barreras administrativas y normativas que obstaculizan la tramitación expedita. La normativa vigente, establecida en 2013, ya no responde adecuadamente a la realidad actual del refugio, lo que hace necesario actualizar el procedimiento para alinearlo con las necesidades del Estado colombiano y sus compromisos internacionales en materia de protección de personas en situación de riesgo. Esto busca garantizar un trato más ágil y humano a quienes buscan protección internacional.