A través del Decreto 1789-2021, el Gobierno reglamentó el uso de la firma electrónica como una herramienta para facilitar la innovación y la transformación digital. “En el proceso de transformación digital los servidores públicos, los particulares que cumplen funciones públicas o administrativas, respecto de estas, y, utilizarán firmas electrónicas o digitales en el ejercicio de la actividad pública”, para lo cual se seguirán las disposiciones contempladas en el presente acto.