En consecuencia, su destinación atiende a la finalidad del patrimonio consistente en fortalecer el ejercicio de las funciones que la ley le asigna a la Superintendencia respecto de los procesos de toma de posesión de empresas de servicios públicos domiciliarios, con el objeto de garantizar la viabilidad y la continuidad de los servicios públicos a cargo de todas las empresas que se encuentren intervenidas

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