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Prensa Jurídica

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En caso de encontrarse que un prestador desarrolla actividades que no se encuentran reportadas en el RUPS, como propias de su objeto social, la SSPD, a través de las Superintendencias Delegadas, adelantará las investigaciones administrativas correspondientes, por incumplimiento a la obligación de inscripción o de informe del inicio de sus actividades.

A través de un concepto la SSPD aclaró que cuando se hace referencia a “capacidad instalada”, se trata de la capacidad instalada del activo de generación del gran autogenerador, a quien le aplica el procedimiento de conexión simplificada diseñado para los autogeneradores a pequeña escala.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios carece de competencia para aprobar tarifas o modificaciones tarifarias, sin perjuicio de que pueda verificar la correcta aplicación de aquellas que haya determinado para el servicio de que se trate, la respectiva Comisión Reguladora.

La SDP aclara que, cada Consejo de Planeación Local define el periodo de designación, por consiguiente, se considera que en concurso con la Subsecretaria de Gestión Local de la Secretaría Distrital de Gobierno y los Concejos de Planeación Local deberá buscarse una armonización del tema que corresponde a los mejores objetivos de la función que dichos

El plan de reordenamiento previsto en el artículo 345 del POT para el aprovechamiento de bienes que tengan uso dotacional, como equipamientos deportivos y recreativos o servicios urbanos básicos de escala metropolitana, es un instrumento de planeamiento de segundo Nivel.

La SDP dispuso que, en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto.

La Corte constitucional ordenó a la Secretaría de Edición de Palmira verificar la situación en la que se encuentran los 10 niños y niñas que fueron retirados de manera forzosa por el Colegio Villa de las Palmas, en razón de su situación de discapacidad, para asegurar que se está garantizando su derecho fundamental a la educación inclusiva. De no ser así, deberá adoptar las medidas pertinentes.

El Actor, persona de 70 años, manifestó que, desempeñándose como taxista, fue atacado con arma de fuego, recibiendo tres impactos de bala, hechos ocurridos en agosto de 1994. Para la Corte, se le está lesionando el derecho fundamental a la seguridad social en la medida en que Colpensiones no tuvo en cuenta que previo a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,