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Sección 3

Sección 3 (625)

Para la Sala, “el acto de apertura, “representado en los estudios previos de conveniencia y el pliego”, no corresponde a un acto administrativo, sino a un acto precontractual que se rige por el derecho privado y, en aplicación del principio de legalidad (art. 105.1) [CPACA], es la jurisdicción ordinaria la competente para conocer de la pretensión que formula la parte actora en

La Sala reiteró que “no se está convalidando la tesis según la cual el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 resulta aplicable en aquellos casos en que se declara la nulidad absoluta de los contratos en los que “se intenta amparar” servicios prestados antes de su suscripción, solo que este aspecto no puede ser objeto de análisis en esta sede, comoquiera que el recurso extraordinario de

La Sala advierte que los argumentos a partir de los cuales se pretende erigir la responsabilidad del Estado devienen de actos administrativos emitidos por el INCORA a través de los cuales decidió cuestiones relacionadas con el dominio del predio La Bendición, pues fue en virtud de ellos que se generó la situación que ahora denuncia, atinente a haber auspiciado que terceros se

El Consejo de Estado declaró nulos los numerales 4°, 5° y 6° del artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015- Decreto Único del Sector Administrativo de ​​Planeación Nacional. Para la Sala, “es claro que el legislador estableció criterios específicos para que la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable, se abstuvo de establecer reglas que disciplinaran la declaratoria

La Sala, al constatar el “informe técnico de la visita realizada por la mesa interinstitucional en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado,  que las visitas a las 26 comunidades relacionadas en la Resolución No. 498 de 2015 de la ANLA, ratificó que sí se efectuaron, concertando los recorridos con aquellas, solo que para el caso de la parte accionante se encontró que

La Corporación declaró nulo un acto administrativo de carácter general, expedido por la Agencia Nacional de Tierras, que versa sobre un asunto contractual e incide directamente en la celebración de un futuro contrato de aprovechamiento para la explotación de unos predios baldíos. El demandante aportó copia del acto administrativo demandado y, a su vez, allegó las copias

En el 2010, se presentó un derrame de hidrocarburos en el poliducto Medellín – Cartago, en el sector de El Raizal, el cual afectó la cuenca de la quebrada La Honda, afluente de la quebrada La Valeria de la cual se captaba el recurso para la prestación del servicio de acueducto en la zona urbana del municipio de Caldas, Antioquia, circunstancia que causó recortes de agua a causa de

El Consejo de Estado declaró la nulidad del precio unitario pactado “Nivelación y compactación de subrasante” de un contrato que el IDU suscribió con la empresa URIBE Y ABREO S.A.S. y COSAN S.A.S.     y en razón de ello de los pagos efectuados en consideración del mismo.

El Municipio de Villanueva sostiene que los daños causados por el incendio no le son imputables debido a que éstos ocurrieron como consecuencia de circunstancias constitutivas de fuerza mayor y, en todo caso, los demandantes no demostraron que dicha entidad territorial incurrió en una falla del servicio en el manejo de los residuos sólidos almacenados en la planta integral de

Para la Sala, “además de que los argumentos manifestados por la actora para solicitar la suspensión de los actos impugnados, no llevan al grado de convicción necesario para decretar una medida de tal naturaleza, los efectos económicos que dichos actos puedan causar a Plaza Mayor Medellín S.A, no suponen que se haya incurrido en una de las causales de anulación ni mucho