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SED-Sala Especial de Decisión (99)
El Consejo de Estado declaró ajustado a derecho la Resolución 777 del 2 de junio de 2021, “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la
Por reunir los requisitos establecidos en el artículo 252 del CPACA, se admitió el recurso extraordinario de revisión que, a través de apoderado, las sociedades Megaproyectos S.A., en reorganización empresarial, Excarvar S.A.S, Parra y Cía S.A. Ingenieros Constructores y
En el presente caso, la Sala consideró necesario, solicitar de oficio a la Cámara de Comercio de Medellín que certifique sobre la inscripción en el registro mercantil del auto 610-002042 de 11 de octubre de 2010 de la Superintendencia de Sociedades en el cual, entre otras
El Decreto 523 de 7 de abril de 2020, objeto de control de legalidad, [se expidió] como decisión de carácter general, abstracto e impersonal del orden nacional, con fundamento en normativa superior, con el propósito de garantizar las fuentes de suministro de insumos para las
La Sección Segunda del Consejo de Estado ha considerado que, “en los eventos, en que una persona sea beneficiaria del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, pero consolide su estatus pensional en vigencia de la Ley 100, se hace beneficiaria del régimen de transición de
Para la Sala, comoquiera que la Superintendencia Nacional de Salud no fue convocada al proceso de reparación directa ni tampoco integró con las demandadas ningún litisconsorcio, ni actuó como sucesora procesal de la E.P.S. Risaralda S.A. en Liquidación, se concluyó que no
La Sala concluyó “que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el diecisiete (17) de junio de dos mil diez (2010) se ajusta a los parámetros jurisprudenciales sentados por esta Corporación en materia de cobro de alumbrado público en las facturas de
“En ejercicio de la acción popular, el accionante solicitó que se declararan vulnerados los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, que presuntamente se vieron afectados por la retención que hizo Finagro de parte de
“La Sala unifica la jurisprudencia a partir de la siguiente regla: la acción de grupo no procede para reparar perjuicios causados por varios actos administrativos individuales, al no cumplirse el requisito de comunidad de causa o de existencia jurídica del grupo y, por lo tanto, la
“El patrimonio público es el conjunto de los bienes y recursos, cualquiera que sea su naturaleza, que son propiedad del Estado y que le sirven para el cumplimiento de sus cometidos, conforme a la legislación positiva. En ellos se incluyen, además del territorio, los bienes de uso
