porque están dirigidos a modificar el precio de reconciliación negativa que afecta a todos los integrantes del sector energético, también lo es que su aplicación genera per se un impacto económico para las empresas de dicho sector”. La controversia está asociada con las decisiones de la CREG, materializadas en los actos administrativos acusados, en torno a la nueva metodología para la determinación de las reconciliaciones negativas, decisiones que, la sociedad demandante considera le causaron “un perjuicio patrimonial”.