El Consejo de Estado confirmó la sentencia que amparó los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y al goce de un ambiente sano de los habitantes del barrio Pizamo, en Pereira, donde deslizamientos ocurridos en septiembre de 2022 y enero de 2023 dejaron cinco viviendas inhabitables y pusieron en riesgo a la comunidad. La corporación determinó que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira contribuyó a esta situación por el manejo inadecuado de las aguas de escorrentía en un predio de su propiedad, pues la infraestructura construida para conducirlas incidió en la saturación del terreno y en los deslizamientos. Precisó que su responsabilidad no deriva de prestar el servicio de acueducto y alcantarillado, sino de incumplir sus deberes de prevención y cuidado como propietaria del inmueble, y que la existencia de un canal no la exime si este resulta insuficiente para evitar riesgos a terceros.