La SSPD analizó el marco jurídico de la relación entre comercializadores de energía eléctrica y usuarios no regulados, en particular si una reclamación en apelación ante la entidad puede prorrogar o forzar la continuidad del contrato de suministro una vez vencido el plazo pactado. La SSPD concluyó que no: la sola existencia de un recurso pendiente afecta únicamente la exigibilidad de la obligación controvertida, no la vigencia del vínculo contractual. Precisó que en estos contratos rige la autonomía de la voluntad con un plazo mínimo de un año, que en el Sistema Interconectado Nacional no operan áreas de servicio exclusivo y que el usuario conserva el derecho a la libre elección del comercializador, sin que sea admisible una extensión forzosa. La entidad señaló además que el usuario puede celebrar anticipadamente un nuevo contrato cuya vigencia inicie al vencimiento del actual, y que el comercializador saliente debe expedir el paz y salvo en cinco días hábiles sin retener la frontera comercial.