El Consejo de Estado precisó que, para cuestionar la legalidad de un acto administrativo que niega el reconocimiento del silencio administrativo positivo en materia tributaria, es indispensable demandar conjuntamente tanto este acto como los de determinación del tributo. Esto se debe a que los actos de determinación gozan de presunción de legalidad y deben ser anulados o suspendidos para que el debate jurídico sea completo, de lo contrario, la demanda se considera una "proposición jurídica incompleta" que impide un pronunciamiento de fondo.