Con la Ley 1150 de 2007, se introdujo una mayor protección para los contratistas, estableciendo que cualquier actuación sancionatoria debía contar con la presencia del afectado y garantizarle un mínimo de procedimiento para ejercer su defensa. Posteriormente, la Ley 1474 de 2011 reforzó estas disposiciones, implementando un procedimiento oral para sanciones, que asegura la celeridad y protección de los derechos del contratista, permitiendo una defensa adecuada ante las decisiones administrativas.