El Consejo de Estado condenó a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda-CARDER a readecuar y retirar escombros de los inmuebles afectados debido a una sentencia que confirmó su responsabilidad patrimonial por falla en el servicio. Este caso surge de una reparación directa solicitada por María Magola Ramírez de Rojas y otros, donde se argumentó que la construcción de jarillones en las márgenes de los ríos Cauca y Risaralda, que ocupó un área de 2.500 m² de propiedad privada, había causado un daño antijurídico. La sentencia estableció que los daños solo se reconocen en áreas no de dominio público, según el artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974.