El Consejo de Estado confirmó la improcedencia de la acción de cumplimiento que buscaba la exoneración del pago de deudas con Electricaribe, cuyo demandante argumentó que el cobro debería ser gestionado por el liquidador de la empresa. El Alto Tribunal determinó que las disposiciones legales citadas por el demandante no estaban suficientemente especificadas, lo que complicaba su aplicación. Además, se estableció que el demandante contaba con otros mecanismos judiciales para defender sus derechos y que la acción constitucional no era el medio adecuado en este caso.