La Ley 99 y el Decreto 953 de 2013 permiten que los departamentos y entidades territoriales utilicen estos fondos, condicionados a cumplir con objetivos específicos relacionados con la gestión del agua. Además, se destaca la necesidad de orientarse hacia soluciones basadas en la naturaleza. El informe señala que la administración de los recursos debe realizarse en consonancia con las disposiciones legales, teniendo en cuenta que son fondos de destinación específica y limitada, asegurando así una gestión efectiva y responsable del recurso hídrico.