La CRA explica que las normativas vigentes permiten a entidades públicas financiar infraestructuras necesarias para servicios de acueducto y alcantarillado de forma excepcional, bajo la figura de aporte bajo condición. Estos aportes no se deben incluir en el cálculo de las tarifas a cobrar a los usuarios. Además, la CRA establece que, para que tales aportes sean válidos, deben estar reflejados en el presupuesto de la entidad aportante y no implicar enajenación o capitalización de bienes. Los mecanismos para el mantenimiento y reposición de estos recursos serán determinados por la CRA, asegurando que no se trasladen costos a los usuarios. En resumen, se trata de una colaboración que busca mejorar la prestación de servicios sin impactar las tarifas, manteniendo la sostenibilidad financiera de los prestadores y la protección del usuario final.