El análisis del Consejo de Estado se centra en la utilización de datos de ofertas descalificadas para calificar propuestas habilitadas en procesos de selección, destacando su impacto en la selección objetiva. El Alto Tribunal precisó que considerar tales datos compromete la fiabilidad del proceso, ya que la validez de los métodos estadísticos depende de la calidad y precisión de la información utilizada. Incluir cifras de postulantes que no cumplen requisitos mínimos resta objetividad a la selección, ya que estas cifras no reflejan la verdadera realidad del mercado y pueden ocultar ofertas excesivamente bajas. Además, el desconocimiento del pliego de condiciones, que establece claramente qué datos deben usarse para la evaluación, socava la transparencia del proceso. La selección objetiva exige que solo se incluyan propuestas válidas, pues el aumento en la cantidad de muestras no garantiza resultados más confiables si los datos son erróneos. El Consejo subraya que la integridad del procedimiento debe ser preservada mediante el respeto de las normativas establecidas y la consideración exclusiva de datos provenientes de participantes habilitados, asegurando así un proceso de selección justo y basado en criterios claros y objetivos.